Geranios rosas en eclosión. Larraona.
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GARZÓN, ¿VÍCTIMA O PREVARICADOR?.
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Cuesta asumir que un juez que ha sido la pesadilla de narcotraficantes, terroristas, corruptos diversos, y dictadores como Pinochet, se halle actualmente a las puertas de ser juzgado por el Tribunal Supremo.
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Cuesta asumir que sean nada menos que tres las causas, abiertas simultáneamente, por las que se pretenda juzgarlo, la referida a la guerra civil española, la referida a unos cursos impartidos por el juez en Nueva York, y la referida al caso de corrupción "Gürtel", que afecta de lleno al partido popular, principal partido de la derecha española, hoy en la oposición.
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Cuesta asumir que quien ha sido, para la generalidad de los ciudadanos de bien, el paladín de la justicia, el juez implacable que no se arredra ante nada, independientemente de sus errores de instrucción, que desde ciertos sectores se le ha achacado con frecuencia, independientemente de su megalomanía, señalada por otros, independientemente de su paso turbulento por la política(gobernando el partido socialista) y su vuelta a la judicatura, tránsito seguramente legal, pero quizás de dudosa ética, sea ahora considerado por algunos como un villano, como un juez presuntamente prevaricador que , según sus acusadores, se ha saltado la ley que tan denodadamente parecía defender.
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Es difícil de soslayar y de sospechar que no exista una confabulación, o al menos una confluencia de intereses de grupos poderosos, partidos, personas diversas, sectores concretos, perjudicados por las actuaciones del juez, cuyo objetivo sea lograr ponerlo en el banquillo y sobre todo apartarlo definitivamente de la carrera judicial, quizás más por venganza y revancha que por ánimo justiciero.
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Respecto al tema de la guerra civil española de 1936, no parece descabellado que las víctimas, los familiares de los asesinados, de los perseguidos, de los represaliados, de los aproximadamente 130.000 desaparecidos, deseen resarcimiento, deseen justicia, deseen conocer el lugar de enterramiento de sus seres queridos, en fosas comunes, en cunetas, en lugares anónimos, etc. para otorgarles un enterramiento digno, para restablecer su dignidad machacada, para hacerles un reconocimiento público, merecido y largamente demorado. La ley de Memoria Histórica ya promulgada e impulsada por el partido socialista permite numerosas actuaciones en ese campo, aunque al parecer no por iniciativa del propio Estado, si no de los particulares afectados, de la sociedad civil, que gracias a esta ley verían facilitados sus deseos.
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Hay que recordar sin embargo que, a pesar de que fueron los sublevados el 18 de julio de 1936 quienes rompieron de forma intolerable la legalidad democrática vigente y quienes provocaron la guerra civil y durante cuarenta años represaliaron al bando perdedor, hubo asesinados inocentes, bien que de forma extremadamente asimétrica, por ambos lados, por lo que la reparación procedería en las dos Españas enfrentadas de forma fratricida en la guerra civil.
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El hecho de que en la transición española se aprobara una ley de amnistía por la mayoría de los partidos políticos de la época, que sin duda favoreció la superación de la fractura sangrante en dos Españas, que favoreció el desarrollo de la democracia y la reconciliación nacional, está siendo cuestionado por sectores de la izquierda, que consideran que transcurridas ya más de tres décadas desde la muerte del dictador Franco y del nacimiento de la democracia, la sociedad es lo suficientemente madura como para trascender la ley de Amnistía e investigar los crímenes del franquismo, cuyos autores prácticamente han desaparecido, crímenes que consideran de lesa humanidad, que según la legislación internacional no prescriben, no siendo aceptables leyes de punto final o leyes de amnistía. Si se iniciara ese tortuoso camino sería deseable que no se convirtiera en una vía impregnada más de deseos de venganza que de justicia y de reparación de daños y agravios.
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Es curioso y contradictorio que grupos de extrema derecha, como Falange, Manos Limpias, y la organización Libertad e Identidad, sean precisamente quienes han pretendido encausar al juez Garzón, por su investigación de los crímenes del Franquismo. Los herederos de los golpistas, de los represores, deseando enjuiciar a Baltasar Garzón, defensor de los reprimidos en la contienda, por prevaricación, esto es por, según ellos, adoptar determinadas decisiones judiciales a sabiendas de que eran ilegales, por la existencia de una ley de amnistía. El juez del Tribunal Supremo Varela, nada sospechoso de derechismo o de connivencia con la derecha, sector social que claramente está jaleando y alentando este proceso, ha continuado adelante a pesar de las manifestaciones en el país o en países extranjeros contra el encausamiento del juez estrella español, aunque recientemente ha admitido a trámite su recusación , por parte de Baltasar Garzón, por mostrar su interés por mejorar el escrito de acusación de las partes.
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La independencia del Poder Judicial, no obstante, no puede estar mediatizada ni influida por grupos de presión sean los que sean, y preservarla es esencial para mantener el Estado de Derecho y la separación de poderes inherente a él. Quizás no contribuya a esa independencia judicial respecto a los poderes legislativo y ejecutivo, el sistema de elección de los principales tribunales que ha politizado sus nombramientos y ha favorecido los recusamientos de sus integrantes y la progresiva desconfianza en los mismos y en la justicia en general. Si los tribunales se convierten en meras correas de transmisión de los partidos políticos, de forma que en las votaciones prevalecen criterios políticos y no técnico-jurídicos, y los jueces propuestos por cada partido se posicionan en bloque a favor de ese partido, como con frecuencia ocurre, flaco favor se le está haciendo a la democracia. Tampoco parece aceptable que los jueces se nombren entre ellos de forma endogámica. Debiera arbitrarse un sistema electivo que favoreciera de verdad la independencia judicial. Doctores tiene la Iglesia.
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Respecto al enjuiciamiento del juez Garzón por unos cursos que impartió en Estados Unidos, no parece ético, en principio, que se dirigiera por escrito a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, para financiar ( con un monto global en torno a los 300.000 dólares) unos cursos sobre derechos humanos y seguridad jurídica en Iberoamérica, en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, y que posteriormente no admitiera a trámite una querella contra su patrocinador, cuando lo lógico desde un punto de vista ético, parece que debiera haberse inhibido en la toma de decisiones en ese caso; como suele decirse, "la mujer del César no solo debe ser honrada sino además parecerlo", frase lapidaria, quizás injusta, que según cuenta Plutarco pronunció César al repudiar a su mujer Pompeya, cuando en una fiesta en honor de la diosa Bona Dea, exclusivamente para mujeres, se coló disfrazado Publio Clodio, enamorado no correspondido de Pompeya. César creyó en la inocencia de su esposa, pero la repudió en base a esta famosa frase.
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La tercera querella admitida a trámite por el Tribunal Supremo contra Garzón se refiere a la intervención por parte del magistrado de conversaciones telefónicas mantenidas por tres presuntos cabecillas de la trama corrupta Gurtel (relacionada con una presunta financiación ilegal del Partido Popular), con sus abogados en prisión; actuación al parecer ilegal, salvo que se estime que los abogados defensores están colaborando en la comisión de delitos. También en este caso como en las otras dos querellas se le ha acusado al juez de prevaricación.
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Evidentemente nadie está por encima de la ley, ni siquiera el juez Garzón y si hay causas reales, y no políticas para enjuiciarlo, que se le enjuicie. Sin embargo es hora, probablemente, de que las aguas se serenen, se actúe desde la racionalidad y se eviten posiciones viscerales. El juez Garzón, como toda persona, como todo profesional, tiene sus virtudes y sus defectos, sus aciertos y sus errores. Es intolerable, por ejemplo, su participación en una comentada cacería ampliamente difundida en los medios de comunicación, junto al ministro de justicia, al jefe de la policía judicial y junto a una fiscal de la Audiencia Nacional, entre otras personas, en el momento en que se estaba investigando la trama de corrupción Gürtel que afectaba al Partido Poular. No es de recibo tampoco su rechazo de una querella contra Santiago Carrillo por presuntos crímenes en la guerra civil en base a la ley de Amnistía de 1977 y soslayar esa argumentación en los crímenes cometidos por el franquismo.
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La cordura, la objetividad y la ley deben prevalecer.
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